Según el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, laslíneas ICO diseñadas por el último ejecutivo socialista para impulsar el comercio no pudieron ser solicitadas por ninguna pyme porque había que pedir un mínimo de 150.000 euros.

Por ello, se rebajará este límite, al tiempo que los pequeños empresarios podrán acceder a esta línea tanto para financiar la inversión que conlleva la apertura de una tienda, como para el "circulante".

"El objetivo es que esta línea responda a las necesidades reales de financiación de los pequeños comercios", apuntó García-Legaz durante un encuentro con la prensa.

Para abordar el diseño de esta línea, el Gobierno implicará a ayuntamientos y comunidades autónomas. El objetivo es que estas últimas actúen de avalistas del empresario ante las entidades financieras.

Para ello, el Ejecutivo propone que recurran a las "sociedades de garantía recíproca", que actualmente "casi no tienen actividad", añadió el secretario de Estado de Comercio. 

España es uno de los países en el que las empresas encuentranmás dificultades para abrir un negocio. La última clasificación del Banco Mundial la sitúa en el puesto 133 de 183 países, muy por debajo de las naciones desarrolladas. Y uno de los trámites que más se retrasa es la licencia de actividad, que puede demorarse entre 6 y 18 meses. Con el fin de eliminar esa traba, el Ejecutivo ultima un anteproyecto de ley para eliminar las licencias de actividad del pequeño comercio, que podría terminar su tramitación parlamentaria a principios de junio, según confirmó el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en un encuentro informativo.

Esta norma solo afectará a las pymes, consideradas como empresas de menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de facturación, que se instalen en locales cuya superficie no supere los 300 metros cuadrados. Pero no todos los sectores están incluidos: de la norma quedará al margen, por ejemplo, la hostelería, ya que esta actividad no está incluida en la categoría de comercio en la contabilidad nacional, sino en la de turismo. A las que sí afectará serán, entre otras, a las empresas de distribución alimentaria, droguerías, lavanderías o a las franquicias, siempre y cuando la titularidad de la empresa esté en manos de una pyme.

De este modo, las compañías podrán abrir sus negocios sin necesidad de licencia. Tan solo deberán contar con un informe técnico previo, avalado por un profesional certificado por el Ejecutivo (podrían ser ingenieros industriales o arquitectos), en el que el comerciante asuma con su consentimiento firmado los requisitos que se le podrán exigir en una inspección posterior. Al mismo tiempo tendrá que liquidar las tasas municipales. "Con esta medida se calma las preocupaciones de algunos ayuntamientos que veían que podían mermar sus ingresos", apuntó. El secretario de Estado no quiso valorar las empresas y el empleo que se generarán. "Lo que sí creemos es que puede ser un sector refugio para todos aquellos que están parados y se pueden reciclar en el autoempleo", remarcó.

No obstante, Del Campo advirtió de que este cambiono hará que se abran más establecimientos.

En declaraciones a Efe, el dirigente ha recordado que actualmente, abrir una tienda, lleva como mínimo medio año al tener que lograr con carácter previo dos licencias.

Según el vicepresidente de la CEC, esta ley, que el Gobierno prevé que entre en vigor en junio, permitirá materializar una de las reivindicaciones del sector: poder comenzar a realizar la actividad una vez que cumplan los requisitos pedidos por cada ayuntamiento.

Con la nueva ley se eliminarán las licencias y para poder abrir el empresario sólo deberá presentar un informe técnico expedido por un profesional colegiado, una declaración responsable de que cumple la normativa municipal y pagar las correspondientes tasas.

Quienes acudan a Baluarte podrán comprar ropa deportiva o para niños, calzado, piel, lencería, artículos de joyería y bisutería, cuadros, complementos o regalos de todo tipo.

La Feria de Oportunidades 'Pamplona Stock' es una iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona y de la Federación de Comercios de Navarra, la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo y Ensanche de Pamplona, que busca potenciar el comercio urbano de la ciudad. La feria busca, por una parte, facilitar al comercio una ocasión para vender los productos que almacena en stock y, por otra, acercar a los consumidores una oferta de artículos de calidad a buenos precios. La ubicación en Baluarte, en el centro de la ciudad, mantiene la finalidad de dinamizar el Casco Antiguo, con el aliciente de atraer público y visitantes a la feria y también a los establecimientos comerciales y de hostelería próximos al Palacio de Congresos. 

'Pamplona Stock' abrirá sus puertas el jueves 1 de marzo, de 17 a 21 horas; el viernes y el sábado tendrá horario ininterrumpido, de 10 a 21 horas; y concluirá el domingo, con horario de mañana, de 10 a 14 horas. Cuenta este año con 94 stands, 15 más que el año pasado (hubo 79, 22 dobles y 35 individuales), que ocuparán los 65 comercios que han confirmado su asistencia. 36 de esos comercios se ubicarán en stands sencillos de 3x3 metros y 29 han optado por stands dobles.

"Se sustituye un sistema de licencias a priori por otro de control a posteriori", resumió García-Legaz, que destacó que este cambio puede hacer del pequeño comercio un "nicho de empleo" y un sector refugio para los desempleados así como para la gente con menos formación.

El objetivo es agilizar trámites y reducir los costes para el emprendedor, al tiempo que los ayuntamientos no verán mermados sus ingresos, explicó García-Legaz, que apuntó que la normativa se limita a locales de hasta 300 metros cuadrados titularidad de una pyme (lo que deja fuera a tiendas de cadenas de distribución).

Actualmente, para abrir un comercio se necesitan dos licencias, la de establecimiento y la de actividad, y el sistema se aplica con "enorme arbitrariedad respecto a plazos y criterios" dependiendo del ayuntamiento, señaló García-Legaz, que destacó que así se reducirá la corrupción municipal.

"Esto entorpece las inversiones y la creación de puestos de trabajo", dijo el secretario de Estado, que subrayó que, además, eleva mucho los costes de abrir un comercio, ya que durante el proceso de tramitación de las licencias, los empresarios se ven obligados a pagar un alquiler o una hipoteca por el local sin poder iniciar la actividad hasta finalizar el trámite burocrático.

Con la nueva ley, estas dos licencias desaparecerán, de forma que el empresario, para poder abrir, sólo deberá presentar una informe técnico expedido por un profesional colegiado, una declaración responsable de que cumple la normativa municipal y pagar las correspondientes tasas.

"Al día siguiente podría abrir", afirmo García-Legaz, que señaló que ahora el plazo de apertura pasará a depender de la agilidad del empresario para cumplir estos trámites.

Los ayuntamientos podrían destinar los funcionarios que ahora se dedican a tramitar las licencias a inspeccionar que los locales cumplen las reglas.

La nueva normativa, aseguró, no invade competencias municipales ni autonómicas y tendrá un efecto positivo en las arcas de los ayuntamientos porque estos verán aumentar sus ingresos del Estado al impulsar la actividad económica.

Para perfilar la nueva regulación que en principio se denominará "Ley de Eliminación de Licencias", la primera semana de marzo se pondrá en marcha una mesa sectorial con las comunidades autónomas para que en menos de tres meses el proyecto de ley comience su tramite parlamentario.

García-Legaz añadió que se podrán acoger a la "autolicencia exprés" tanto los empresarios que están tramitando licencias así como "los cientos de miles de comerciantes que por desesperación decidieron abrir su local sin licencia".

El texto legal, que no afecta a la hostelería o a las agencias de viajes, entre otros, delimitará con exactitud el tipo de actividad que se puede acoger a este sistema de licencia para dar seguridad jurídica y evitar "ambigüedades", apuntó.